Chile, entre el crepúsculo y el amanecer


Escribo desde una ciudad en estado de emergencia, bajo el sonido de helicópteros militares que sobrevuelan Santiago. Medida decretada desde el sábado 19 de octubre por el presidente Piñera, en respuesta a los violentos hechos que ocurrieron la noche del viernes 18 de octubre. Destrozos que hicieron retroceder la infraestructura del transporte metropolitano casi treinta años, además de afectar a decenas de supermercados y locales comerciales que fueron saqueados e incendiados. Desde ese día, se han sumado once ciudades en las quince regiones del país, que están bajo el mando de generales y almirantes. Orden que había sido aplicada por última vez en 1987, en plena dictadura cívico-militar.

No obstante, y a pesar de estas medidas y la gran cantidad de militares en las calles – solo en Santiago se cuenta con un destacamento de más de nueve mil uniformados – la ciudadanía se ha volcado a las calles, ocupando plazas y avenidas en marchas en su gran mayoría pacíficas. En donde lo que fue el motivo inicial, como fue el alza del pasaje del metro en 30 pesos (alcanzando un máximo de 830 pesos, unos US$1,17), ha abierto una grieta en un sistema económico de corte neoliberal que desde 1975 ha generado un crecimiento económico a un costo social abrumador. Convirtiendo a Chile en una de las sociedades más desiguales de la región, donde el 1% de la población capta el 25% de la riqueza nacional. Encontrándose en la ciudad de Santiago barrios que presentan una calidad de vida equivalente a países como Finlandia, junto a zonas donde la precarización de la vida es similar a algunas naciones africanas.

La respuesta del Gobierno y la clase política ha sido equívoca, colocando especial énfasis en la represión y violencia sobre los ciudadanos, exhibiendo la absoluta desconexión de las élites con los problemas de gran parte de la sociedad. Según datos del último reporte del Instituto Nacional de Derecho Humanos (INDH) emitido el martes 22 de octubre a las 22.00 hrs, en Chile se han detenido a 1.894 personas (856 únicamente en Santiago), incluyendo 269 personas heridas, 137 de las cuales por armas de fuego. Asimismo, las cifras de muertos oficiales han ascendido a 15 según datos de gobierno, 5 de los cuales han sido registrados por el INDH como muertos por agentes del estado.

Es en este contexto donde palabras como “normalidad”, “unidad” y “orden público” han trocado sus significados, para volverse en conceptos evanescentes. Eso fundamentalmente tras la acción de un gobierno que ha endurecido su discurso, hablando tal como lo hizo el presidente Piñera el pasado domingo, afirmando estar “en guerra contra un enemigo poderoso”. O por un general como Javier Iturriaga, jefe de la defensa nacional, quien, en un giro muy posmoderno, al tiempo que públicamente afirmaba no estar en guerra con nadie, radicalizaba en las calles las medidas de represión contra los ciudadanos. Pero también de parte de unos medios de comunicación, la mayoría en manos de grandes grupos económicos, que han ejercido una labor absolutamente inaceptable a la hora de desinformar a la población en pos de volver rápidamente al status quo previo a la crisis. Lo que se traduce que en las últimas 48 horas los medios han titulado 240 notas con el sustantivo de “saqueo”, 286 con “militares” y 38 con el adjetivo de “vándalos”, mencionando tan solo 37 con “democracia y 8 con “desigualdad”. Aunque después de las varias denuncias en redes sociales como en el extranjero sobre el rol que han jugado estos medios, han comenzado a incorporar matices y por primera vez la noche del 22 de octubre, de imágenes con los excesos y violaciones a los derechos humanos de parte de policías.  En una medida que llegó tarde y que no aminora la responsabilidad que tuvieron durante los primeros días de desordenes y manifestaciones.

Precisamente, es bajo este escenario que se hace imperioso crear las condiciones para la construcción de un nuevo pacto social. Que no sea el llamado a un gran acuerdo nacional entre las filas oficialistas y los partidos de oposición convocado por Piñera, en un esfuerzo por emular lo que fue la “política de los acuerdos” de inicios de los noventa, donde la izquierda tuvo que capitular con un Pinochet todavía a la cabeza del Ejército. Sino más bien en un pacto que reúna a los ciudadanos, a través de sus organizaciones sociales, con el fin de poder enfrentar los tres de los pilares de este quiebre social. Como son la desigualdad, la segregación y la falta de oportunidades de una población que ha visto los últimos treinta años como su vida se ha ido precarizando más y más.

En un diálogo que no se puede hacer con el aparato represor en las calles, sino a través de un debate junto a las organizaciones sociales, el cual necesariamente tendría que estar dirigido a la creación de una asamblea constituyente que permita reemplazar la actual constitución chilena. Uno de los más permanentes legados de la dictadura y base legislativa que mantiene y reproduce las profundas desigualdades del modelo económico chileno. Tal vez solo allí, podamos dejar estas horas crepusculares y vislumbrar las primeras luces de un nuevo amanecer.

Texto: Gonzalo Carrasco Purull. Fotografía: Emile Straub

Foto portada straub

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